Introducción
En un continente
marcado principalmente por el aumento de la violencia y la criminalidad, las
policías adquieren un papel cada vez con mayor importancia en la gobernabilidad
de los países del mundo, y principalmente en América Latina, región en la cual
se ubica a México.
En nuestro país, las
instituciones encargadas de la seguridad pública funcionaron durante mucho
tiempo a partir de “UN MODELO TRADICIONAL DE ACTUACIÓN POLICIAL, FUNDAMENTADO EN ESQUEMAS
REACTIVOS” que como lo hemos visto, no llegaron a cumplir con las
expectativas demandadas por la ciudadanía de contar con una sociedad segura.
La policía en México,
fue creada como una institución para actuar básicamente como soporte del rasgo
autoritario de un régimen de gobierno centralizador, cuyas acciones de
seguridad pública reaccionaban, ante cualquier eventual crisis social, y paso a
ser un aparato represor del estado.
Después de la Reforma
Policial en América Latina (1990), las policías adquirieron un papel central en
la gobernabilidad municipal, estatal y nacional, así de esta manera, fue
posible el retorno de la democracia, propiciando una mayor dependencia
gubernamental hacia las policías, principal institución encargada del orden y
la estabilidad pública, la cual requiere de manera inmediata, un cambio
institucional de las corporaciones policiales para que se logre un mayor nivel
de profesionalización y eficacia en sus funciones.
Hoy en día, nuestro
país enfrenta un verdadero reto del cual todos tenemos conocimiento, y el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, está inmerso dentro de este fenómeno
social, que día a día, aqueja a todos los ciudadanos sin importar su nivel
social y económico.
Por su parte, Arellano
Trejo menciona, que para combatir la inseguridad pública, es
pertinente que el Estado Mexicano, debe romper con los poderes fácticos en los
cuales se han posicionado las organizaciones delictivas, y algunas
corporaciones policiacas.
Por lo tanto, se debe crear
y fortalecer mecanismos que permitan vincular la asignación de presupuesto a la
obtención de resultados. Por otra parte, es importante establecer
instrumentos que permitan profesionalizar y transparentar la acción de los
cuerpos policiacos; y entre otros aspectos, establecer sistemas que nos
permitan planear, ejecutar y evaluar las estrategias y acciones en contra de la
delincuencia en los distintos niveles y ámbitos de gobierno.
Para Tapia Pérez, quién
define la seguridad pública como un factor de atención que ha
establecido procesos de política pública, que van desde la implementación de
acciones policiales de “cero tolerancia” hasta el uso de cuerpos de seguridad
de personal castrense, con los resultados que muchos de nosotros conocemos.
Sin lugar a dudas, es
necesario y urgente, identificar las fortalezas y las debilidades que con la
experiencia se han logrado obtener de este complejo fenómeno social, el cual nos
presenta soluciones sencillas e inmediatas para su pronta solución, sino
procesos de largo alcance que permiten comprender todas las aristas del
problema de manera integral.
Como podemos apreciar, la
inseguridad pública es uno de los temas que más preocupa a la sociedad
mexicana en estos últimos años. Esta problemática, se ha convertido en una
demanda ciudadana y así mismo de los empresarios, quienes piden una acción más
efectiva por parte de las autoridades para frenar y erradicar, esta actividad
que día a día, genera temor e incertidumbre entre la población y ha ocasionado
cuantiosas pérdidas económicas.
Para comprender un poco
mejor este objeto de estudio, es necesario mencionar algunos aspectos que se
han convertido en un obstáculo y en su momento, no nos dimos cuenta de ello.
Por ejemplo, una gran autonomía y la
politización de la policía, la cual prestaba servicios informales de
inteligencia y participaba en operaciones políticas encubiertas.
Como podemos apreciar,
según explica Saín en el documento, titulado “La Reforma Policial en América
Latina en 1990”, la atención a los problemas de los ciudadanos por mucho tiempo
fue relegada; dado que, el principal cliente
de la policía era el Estado, y no la población como lo marca el artículo 21
Constitucional en nuestra carta magna.
Como podemos darnos
cuenta, estos aspectos ocasionaron un gran rezago en la institucionalización de
los cuerpos policiales, el cual se puede explicar en los términos siguientes: estructura normativa inadecuada, muy escasos
funcionarios expertos en el tema, manejo discrecional de las estadísticas
delictivas, pésima coordinación entre las áreas de inteligencia y las
operativas, y una constante colusión entre policías y organizaciones delictivas.
En opinión del Dr.
Marcelo Saín, esta colusión y los fuertes intereses económicos que ella genera
y protege, nos permite explicar en gran medida, la resistencia y no pocos
fracasos en que han terminado los diversos esfuerzos de reestructuración
policial. Para una mejor compresión de este fenómeno, este investigador propone
lo que él llama las ocho rupturas necesarias para llevar a cabo la reestructuración
policial.
Por otra parte, podemos
mencionar, que algunos investigadores como el Dr. Jorge Chabat, se ha dado la
tarea de identificar, los factores que originaron la escalada de la
delincuencia en México a partir de los años ochenta, así como un recuento de las políticas públicas,
aplicadas desde entonces para combatirla.
Como podemos apreciar,
este fenómeno ha rebasado el enfoque reactivo y punitivo, y
para ello, es necesario poner en marcha un enfoque multidisciplinario, el cual
permita en un corto plazo, poner toda la atención en esta problemática y así de
esta manera, obtener los mejores resultados en beneficio de la ciudadanía.
El modelo criminológico,
que ha prevalecido desde varias décadas en las sociedad moderna y
contemporánea, conocido como la pretensión punitiva del Estado, con esto nos
referimos al castigo del culpable, el cual polariza y agota la respuesta al
suceso delictivo, prevaleciendo la faz patológica de esta sobre su profundo
entramado problemático y conflictual.
Es necesario
implementar, un trabajo colaborativo de manera transversal con las secretarias
siguientes: Educación Pública, Bienestar
Social, Secretaria de Salud, Instituto de Cultura y Deportes, Bibliotecas
públicas, y los sectores de la sociedad civil. Acciones en las áreas de
educación, salud, medios de comunicación, información y tecnología, y
participación ciudadana nos permitirán en su momento lograr los objetivos y
metas establecidas.
Por lo tanto, es
necesario y urgente, un cambio de paradigma de la seguridad, debemos de
transitar hacia un enfoque integral con carácter multidisciplinario, que
progresivamente aborde la inseguridad y el riesgo como fruto de un conjunto de
factores, que vulneran y afectan de manera importante los derechos de los ciudadanos y el desarrollo humano.
Desde esta óptica del
trabajo multidisciplinario, el desafío consiste con construir certezas
objetivas y subjetivas, que permitan garantizar en el menor tiempo posible, que
todos los ciudadanos tengan la plena garantía,
que sus derechos serán respetados.
Atendiendo a estos
antecedentes y las condiciones de esta problemática, es como nace el interés de
formular la presente propuesta, con el propósito fundamental de disminuir
además, los altos grados de
cuestionamientos que la opinión pública ha hecho en relación a los bajos
niveles de legitimidad, que se ha presentado en los distintos niveles de
gobierno en estos últimos dieciocho años.
Así también, disminuir
hasta donde sea posible, los altos niveles de delincuencia y
criminalidad, que son percibidos
por la ciudadanía, y esto afecta de manera importante, el reconocimiento del desempeño de las
instituciones policiales, dado que, las altas tasas de incidencia delictiva y
los altos índices de inseguridad, ponen
bajo cuestionamientos las competencias del personal policial y de las
instituciones.
Ante esta situación que
se menciona, es necesario establecer políticas públicas o acciones específicas,
las cuales sean el resultado obtenido en los distintos niveles de gobierno, y
sean los mejores logros en materia de prevención, persecución y castigo de la
delincuencia, así como aquellos proyectos, que contribuyan a mejorar dichas
acciones.
La efectividad y el
éxito de un programa para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia, requiere el trabajo
conjunto de los tres órdenes de gobierno, los diferentes sectores de la
sociedad civil, así como, la participación de la iniciativa privada y los
organismos internacionales.
Por lo tanto, con el
propósito de contar con parámetros ajenos a los establecidos en las
corporaciones policiales, y con puntos de vista externos, es importante impulsar la
conformación e instalación de un Consejo Ciudadano de Seguridad Pública,
constituido por prestigiados especialistas en temas de seguridad, participación
ciudadana y derechos humanos, así también con intelectuales y académicos de los
centros de investigación.
La experiencia obtenida
en diferentes países del mundo, nos ha permitido aceptar que, cualquier
acción que se emprenda para prevenir la delincuencia y combatir el delito, no
tendrá éxito si no cuenta con la participación de la ciudadanía.
Es por ello, que con
este nuevo esquema o paradigma de la seguridad ciudadana, la formulación de
programas y la realización de acciones del quehacer público, debe
establecerse con la participación de la sociedad.
Po lo tanto, las
políticas públicas que emita el Gobierno deben enfocarse hacia la
corresponsabilidad que debe de darse tanto en la organización social como en la
autoridad que la dirige, pues, es evidente que el país en estos últimos años, ha
perdido los espacios públicos, debido a que la delincuencia y el crimen
organizado, encontraron en ellos los lugares ideales para perpetuar sus
ilícitos.
Uno de los grandes
retos y desafíos para el Estado en materia de seguridad pública, es que ante
los hechos delictivos, tendrá que transitar de un modelo reactivo,
centrado en la persecución y el castigo del delito, hacia un modelo preventivo
basado en evitar las causas que los originan.
No obstante, es
necesario afrontarlo de manera colaborativa con la sociedad para revertir esta
situación, y así de esta manera, poco a poco ir devolviendo a la comunidad lo
que realmente le corresponde, con esto nos referimos a los espacios públicos.
El problema principal
de seguridad, que enfrentan la gran mayoría de las principales ciudades en nuestro
país, denota entre otros aspectos el
abandono de espacios públicos, la desintegración comunitaria, la desconfianza
ciudadana hacia las autoridades, el incremento del consumo de drogas ilícitas y
la ausencia de los valores cívicos.
Por lo tanto, es importante
enfatizar, que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el
Estado y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y
derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz
públicos.
Comprende la prevención
general y especial de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la
sanción de las infracciones administrativas, la investigación y la persecución
de los delitos, así como, la reinserción del individuo.
En cada uno de los 2,
641 municipios que se ubican en la república mexicana, cada día los ciudadanos,
demandan una respuesta efectiva por parte del Estado ante la incidencia
delictiva, que aumenta de manera impresionante desde el ámbito local hasta el
nacional. En el primer semestre de 2018, los delitos con mayor incidencia son
los siguientes: a).- Homicidios; b).- Ejecuciones; c).- Secuestro; d).-
Extorsión y e).- Robo de auto.
Como podemos apreciar,
según los datos estadísticos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción
sobre Seguridad Pública publicada por parte de INEGI, 2016. La tasa de
incidencia delictiva por cada cien mil habitantes, por tipo de delito está
conformada de la forma siguiente:
Tabla 1.- Tipos de delito de acuerdo con la mayor
frecuencia.
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Tipo
de delito
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Tipo
de delito
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1.- Robo o asalto en
la calle o transporte público.
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6.- Robo en casa
habitación.
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2.- Extorsión.
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7.- Robo en forma
distinta a las anteriores.
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3.- Robo parcial de
vehículo.
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8.- Lesiones.
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4.- Fraude.
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9.- Otros delitos
distintos a los anteriores.
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5.- Amenazas
verbales.
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10.- Robo total de
vehículo.
|
Estos son las
categorías de análisis de los delitos de mayor incidencia y prevalencia, que
nos aquejan a los ciudadanos en cada uno de los municipios, y principalmente en
las zonas urbanas de las principales ciudad del Estado y de la república
mexicana.
Uno de los grandes
retos y desafíos para el gobierno de Veracruz en materia de seguridad pública,
es que ante los hechos delictivos, tendrá que transitar de un modelo reactivo,
centrado en la persecución y el castigo del delito, hacia un modelo preventivo
basado en evitar las causas que los originan.
La
estrategia de prevención social del delito asume que la criminalidad posee una etiología
compleja, la cual se arraiga en profundos factores sociales, como las condiciones de vida, las condiciones de
trabajo, los cambios en la organización de la vida familiar, la pobreza y la
exclusión social.
Por tanto, toda
estrategia debe buscar incidir en las
causas estructurales de la criminalidad incentivando –a través de diversas
formas- el desarrollo social, pues,
se supone que el malestar social es lo
que debe ser atendido si se pretende efectivamente reducir la tasa del delito.
Ante esta situación que
prevalece, es importante preguntarlos lo siguiente:
¿Cómo
lograr revertir la tendencia de la incidencia delictiva, que día a día, crece
de manera impresionante en las principales ciudades del Estado de Veracruz?
¿Cómo lograr una verdadera política
de participación ciudadana en tareas de seguridad pública?; ¿De qué depende la
generación de la participación ciudadana en tareas de seguridad públicas? ¿Cómo
vincular el Programa Rector de Profesionalización y el Servicio Profesional de
Carrera Policial?
Conclusiones
Finalmente,
podemos mencionar, que la Constitución Política de los Estados Unidos
mexicanos, establece que la competencia de brindar Seguridad pública recae en
la Federación, los Estados y los Municipios.
Esta
función comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución
de los mismos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los
términos de la ley, en las respectivas competencias que la misma Constitución
señala.
Además,
establece que la actuación de las instituciones de Seguridad Pública se regirá
por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez y respeto a los derechos humanos, reconocidos en la propia Carta Magna
en el artículo primero, señalando, además, que éstas serán de carácter civil,
disciplinado y profesional.
En el ámbito estatal,
el titular del Poder Ejecutivo tiene la obligación y responsabilidad de velar
por la conservación del orden, tranquilidad y seguridad del Estado. Para esta
tarea, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, permite articular y coordinar
a las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno.
Estableciendo
directrices y alienando políticas públicas en la materia, con la finalidad de
implementar sistemas de planeación estratégica que permitan evaluar con
transparencia las funciones asignadas a las instituciones encargadas de la
seguridad pública, constituyéndose en un Sistema confiable, legítimo y eficaz,
que busca el respeto a la integridad física, moral y patrimonial de los
ciudadanos, y facilite con ello, su desarrollo integral.
Con el fin de lograr el
cabal cumplimiento del principio de legalidad, la justicia penal requiere la
presencia de corporaciones policiales de seguridad pública que colaboren colaborativamente en el
combate a la delincuencia, mediante una labor que permita la vigencia del
Estado de Derecho.
En este trabajo, se
pretende consolidar una institución policial, encargada de la seguridad
pública, que además de prevenir de manera científica en la comisión de delitos,
sea un eficaz persecutor de las conductas antisociales, articulando a todo el
aparato de justicia penal.
La transformación de la
policía, requiere de una base mínima de profesionalización del personal
policial, que sea resguardo para evitar que la policía sea coptada por las
élites locales.
Por otro lado, muchos
de los problemas que enfrenta la policía son similares a los que enfrentan
otros servicios públicos, por lo que, deben de ser enfrentados por el Estado y
no solo por las instituciones policiales.
En los últimos 18 años,
la tasa de criminalidad aumentó en México de manera considerable, los delitos
violentos experimentaron un incremento importante, como el robo a vehículos,
los secuestros, asalto a mano armada en comercios, entre otros.
LA FORMACIÓN POLICIAL
PASA A SER UN EJE DE LA MODERNIZACIÓN
En la modernización
policial, el rol del aspecto educativo, se entendió como capacitación, este es
un aspecto central que posibilita una reforma de continuidad, desprovista de
espacios de política pública temporaria.
La calidad en la
prestación de un servicio policial depende, en gran medida, de los miembros que
lo componen, y por consiguiente, de las políticas de reclutamiento, selección,
formación y promoción, así como también, de las condiciones de trabajo
prevalecientes en los cuerpos policiales.
EL SUPUESTO PRINCIPAL:
MÁS Y MEJORES POSTULANTES.
Al elevar la calidad en
la formación del recurso humano nos conduce a elevar la calidad del servicio, y
esto nos permite, ser más eficiente y eficaz en el control del delito al
disminuir las tasas de incidencia delictiva, lo cual eleva la calidad en la
imagen de la institución policial y aumenta la confianza de la ciudadanía a la
cual nos debemos.
La policía, por su
parte, se hace depositaria de gran parte de las políticas de seguridad, no sólo
respecto del control, sino también de la prevención del delito. Así es que
necesita un mayor aumento en su presupuesto, una mayor dotación y recursos
tecnológicos de vanguardia para desempeñar satisfactoriamente sus funciones.
Dos preguntas, que son
importantes formular para describir y explicar el actuar del policía.
1.-
¿A qué se dedica el policía en la prestación de sus servicios en los
municipios?
El 80% de su tiempo:
a).- Atiende al público; b).- Desordenes que afectan el Bando de Policía y buen
gobierno. (Faltas administrativas, generalmente), y c).- Patrullaje para
disuadir los delitos y la presencia de actos delictivos. (Este aspecto,
requiere el 60% del tiempo de los policías, es decir, de la presencia de ellos
y contar con equipo y unidades).
2.-
¿Qué espera el ciudadano en cada uno de los municipios del policía?
El trato que reciben al
momento de entrar en contacto con ella, es más importante que lo obtenido por
el ciudadano a través de ese contacto.
Quienes perciben haber
sido tratados equitativamente… tienen una mayor tendencia a respetar la ley en
el futuro. (El buen trato al ciudadano a través de la empatía permite generar
confianza entre el ciudadano y el policía).
Como podemos apreciar
en estas líneas anteriores, la ciudadanía genera expectativas sobre el trabajo
que realiza la policía en cada uno de los municipios del Estado de Veracruz.
Tanto, respecto de sus resultados como de la forma en que es realizado, que
trasciende la mera eficacia y efectividad del combate del delito.
Las investigaciones
realizadas en países como Inglaterra y Estados Unidos, han señalado que los
primeros factores que determinan la confianza de un ciudadano en la policía,
son aquellos de carácter demográficos: raza/grupo étnico, sexo, edad, nivel
socioeconómico.
RAMÓN RUIZ LIMÓN
MÉXICO, A JUNIO DE 2018
